Democracia, soberanía y justicia social

Democracia y ampliación de derechos

La democracia es también justicia social y soberanía económica y territorial.

Durante los últimos 40 años, se sucedieron instancias de enorme desigualdad en la distribución de ingresos y en el acceso a derechos básicos como la tierra, el techo y el trabajo. A la vez, en ocasiones, esas situaciones críticas coexistieron con pérdida de soberanía económica y políticas internacionales que descuidaron los derechos de soberanía del pueblo argentino.

Pero, asimismo, en la historia de nuestros 40 años de democracia, los Gobiernos adoptaron posiciones a favor de la defensa de los intereses nacionales, como así también medidas tendientes a favorecer las condiciones materiales de las mayorías.

La implementación del Plan Alimentario Nacional en el año 1984, que buscaba reparar la situación de pobreza en que había quedado parte de la población tras los planes económicos de la dictadura, así como la campaña masiva de alfabetización del mismo año, fueron algunas de las primeras medidas de justicia social desde la recuperación de la democracia.

La década de 1990 se caracterizó por el desfinanciamiento del Estado y el desmantelamiento de sus funciones de protección social, situación que comenzó a repararse luego de la crisis de 2001. Algunas de esas medidas reparatorias fueron la restitución al ámbito de gestión pública de los fondos previsionales (2008), que habían sido puestos bajo la órbita del mercado durante el gobierno de Carlos Menem, el derecho a la Asignación Universal por Hijo (2009), la Asignación por Embarazo para las personas gestantes (2011), entre otras.

Los años 90 también se caracterizaron la pérdida de derechos de soberanía sobre territorios y recursos nacionales. Si bien ese proceso se había iniciado durante la dictadura, bajo los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De La Rua eso cuadro se profundizó.

A partir de 2003 se toman medidas que buscan restituir los derechos del pueblo argentino sobre sus bienes y recursos. Por ejemplo, entre otras medidas de igual importancia, en el 2006, se re nacionalizan las empresas de suministro de aguas y saneamiento, en 2012 el Estado recupera eel 50% de las acciones de la empresa YPF, vendida a capitales extranjeros en la década del 90.
Con el propósito de garantizar la soberanía audiovisual, la Ley Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en el año 2009, derogó la ley de Radiodifusión instituida por la dictadura y hasta entonces vigente. La nueva Ley tuvo el propósito de ampliar la diversidad de voces en los medios de comunicación, desconcentrar y desmonopolizar la propiedad de los medios, incluir mayor producción nacional, crear un órgano de aplicación democrática de la Ley

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